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| Raúl Armando Mancilla Gallardo, asambleísta. |
Ha transcurrido casi un año desde que se hiciera pública la presunta existencia de una red de corrupción al interior de la Asamblea Regional del Chaco tarijeño, y nueve meses desde que se formalizara la denuncia ante el Ministerio Público y éste iniciara la investigación por instrucción del Fiscal del Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz.
La información se origina en la grabación de una conversación entre el asambleísta del MAS, Bernardo Crispín Margón y el Ing. Helmut Coronado, ex técnico de la Asamblea. La grabación fue enviada por el mismo asambleísta a Radio Popular, donde sería difundida repetidamente y amplificada por el semanario “El Popular”, cuyos ejemplares le sirvieron al fiscal Muñoz como sustento para instruir la correspondiente investigación.
Formarían parte de la presunta red de corrupción, los asambleístas Raúl Mansilla, José Luis García, Wilfredo Zurca, Atilio Hoyos y Uddy Peñaranda, además de los ejecutivos seccionales Lorgio Torrez (Caraparí), Ruben Vaca (Villamontes) y Marcial Rengifo (Yacuiba), con la participación de asesores y técnicos como Lesly Alemán, Tito Arancibia y Ademar Mérida.
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| El semanario El Popular tuvo la primicia. |
El 4 de septiembre, en su visita a Yacuiba, Muñoz Ortiz al recibir ejemplares del Semanario "El Popular" y un CD con las declaraciones del Ing. Helmut Coronado (ex funcionario de la Asamblea) que exponen la existencia de una presunta red de corrupción y extorsión al interior de la Asamblea Regional, instruyó inmediatamente a la Fiscal Anticorrupción, "para que proceda al análisis de los antecedentes consistentes en 1 CD y 8 reportes, y actúe de acuerdo al principio de legalidad". Al día siguiente, la Fiscal Tejerina puso en conocimiento del Juez, dicha causa. De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, el hecho a investigar, es el uso indebido de influencias, delito incriminado en el Artículo 146 del Código Penal.
Las experiencias del ingeniero Helmut Coronado, cuando se desempeñaba como un técnico de la Asamblea Regional, son narradas detalladamente al asambleísta Bernardo Crispín, señalando según su versión, la existencia de una red de corrupción entre funcionarios de la Asamblea y las tres sub gobernaciones, además del modus operandi para cobrar presuntos sobornos a las empresas adjudicatarias de millonarios contratos en la región del Gran Chaco.
ASESORA DE PRESIDENCIA INVOLUCRADA
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| Lesly Tania Aleman Leaño |
Ingenieros que se ocupan de "morder" en la supervisión o la construcción, funcionarios intermedios que se encargan de colectar el fruto de los ingenieros, jerarcas que se encargan de "arreglar cuentas" con sus subalternos recolectores. Un modus operandi descrito por Coronado al asambleísta Crispín, y una repartija de la que no quedan al margen los Ejecutivos Seccionales y sus técnicos, así como las empresas contratistas.
La conversación revela una entramada relación comercial - empresarial entre técnicos, funcionarios jerárquicos, asambleístas regionales y ejecutivos seccionales (esta regla tendría excepciones), que actuarían ilícitamente para sacar ventajas personales y posiblemente de grupo, valiéndose de la posición que ocupan en los procesos de licitación, calificación, adjudicación, contratación y supervisión de proyectos en las tres secciones municipales de la Región del Gran Chaco tarijeño.
El testigo inicia el relato diciendo: "-Hasta la Lesly recibe su 'toco' ahora". Inmediatamente, aclara que por la supervisión del estadio cuyo precio era "3 millones de Bolivianos", el Oficial Mayor Técnico de la Asamblea Regional del Gran Chaco, Tito Arancibia Coro, curiosamente "no ha revisado nada, no ha dicho nada" pese a que "no estaba agendada" la aprobación de dicha licitación para Supervisión del estadio.
Además, cuenta el testigo: "a mí, el chico me ha dicho 30 mil dólares le he dado, me ha dicho, a la Lesly". Es decir, treinta mil dólares por una supervisión de tres millones de Bolivianos. Más adelante Coronado aclara que "el chico" al que se refiere, es el ingeniero Freddy Martínez Vedia, Supervisor de la construcción del estadio Provincial de Yacuiba.
Verificada la información oficial de la Asamblea, la identidad de la funcionaria denunciada por Coronado, corresponde a la Dra. Lesly T. Alemán Leaño.
ASESORA Y PRESIDENTE COMPROMETIDOS
Coronado relata más adelante, que "la Lesly se ha prestado la empresa de ese chico y estaba sacando una Supervisión de 600 mil en Caraparí, y Lorgio le ha dado". Claro que esta vez, la buena suerte no estaba de lado de Lesly, ya que según Coronado, cuando acudió a la Comisión revisora de la Asamblea Regional para concretar los términos de la convocatoria para beneficio propio, los técnicos le dijeron lo siguiente: "ya han subido la Resolución al SICOES y no se puede hacer nada, y de eso Raúl nos ha llamado y la Lesly nos odiaba a muerte", dijo.
"Suban ustedes arriba y vuelvan a recalificar porque esta empresa tiene que entrar", les habría ordenado Tito a los técnicos, quien en ese instante era presionado por Lesly. "Nosotros no sabíamos qué empresa estaba entrando, primero, ni sabíamos el nexo que ella tenía con Freddy Martínez", le cuenta Coronado a Crispín.
Coronado revela en su confidencia al asambleísta, que el tal Martínez se presentaba a licitaciones de muchos proyectos, pero era rechazado, hasta que..."el ha puesto plata a la Lesly de tres, cuatro proyectos, y la tiene así", asegura.
De acuerdo a esta confesión, el entonces presidente de la Asamblea Regional, Raúl Mansilla Gallardo, tendría conocimiento de la licitación referida, y el ejecutivo seccional de Caraparí, Lorgio Tórrez Choque le habría dado el visto bueno.
CONSTATACIÓN DE LA EXISTENCIA REAL DEL PROYECTO
SUPERVISIÓN TÉCNICA STADIUM PROVINCIAL DE FUTBOL – YBA.
Empresa Supervisora: Consultora MARGUT
Supervisor: Ing. Freddy Martínez Vedia
Orden de proceder Fase I: 6 de Febrero de 2012
Orden de proceder Fase II: 3 de Mayo de 2012
Costo Fase I: Bs. 1.416.132,90
Costo Fase II: Bs. 2.800.00,00
Esta información se halla oficialmente publicada por la Asamblea Regional en su página web y forma parte de los informes de supervisión. La supervisión de la obra, ha costado 4.216.133.- Bs. en total. y dicha responsabilidad recae sobre un mismo empresario-ingeniero o ingeniero-empresario, vinculado estrechamente al órgano deliberativo chaqueño, como lo confiesa el ingeniero Coronado.
La construcción del estadio provincial en Yacuiba, cuesta la suma de 108.7 millones de Bolivianos. De acuerdo a informes oficiales, la Asociación Accidental "Santiago" a cargo de la construcción en dos fases, tiene como representante legal al Ing. Moisés Ponce Pérez, como super intendente de obra al Ing. Ramiro Vaca Figueroa, y como residente de obra al Ing. Enrique Lozano Pareja. La primera fase del estadio costó 52.352.839,86 Bs. de la que se pagó un anticipo de 10.470.567,97 Bs. La segunda fase cuesta 56.370.632,53 Bs. y se pagó un anticipo de 11.274.126,51 Bs.
Cuando el diputado Wilman Cardozo vió el acto de entrega del cheque simbólico con el primer anticipo a principios de abril de 2012, públicamente manifestó a la prensa que le llamaba la atención que "el cuñao del alcalde de Tarija" reciba el cheque. ¿Se refería acaso al representante legal de la Asociación Accidental "Santiago", Moisés Ponce Pérez?
CUESTIONADA SUPERVISORA ARRASTRA BUENA RACHA
Algunos antecedentes de conocimiento público señalan que el Ing. Freddy Martínez Vedia de la Consultora MARGUT, tiene interesantes adjudicaciones detalladas a continuación:
El 13 de octubre de 2010, MARGUT de Martínez se adjudicó en YPFB la Supervisión a la construcción de la Estación de Servicio "San Martín" en Yacuiba (Surtidor GNV de la Magariños), por un monto total de 85 mil Bolivianos.
El 29 de junio de 2012, la Consultora MARGUT de Martínez Vedia se adjudicó en EMTAGAS mediante Resolución Nº 075/12, la "Supervisión Técnica de Obras Mecánicas: Construcción de Red Primaria Tramo Caraparí - Saladillo", por un monto de 347.021.- Bolivianos.
El 22 de abril de 2013, la misma MARGUT se adjudicó en la Sub Gobernación de Caraparí mediante Resolución Nº 103/2013, la "Supervisión Técnica - Construcción Puente Vehicular Aguayrendita 2da. Sección Caraparí" por un monto de 239 mil Bolivianos.
ANTECEDENTES DEL AFORTUNADO SUPERVISOR
El 29 de enero de 2008, cuando el contexto político departamental y nacional era crítico, debido a la realización de la Asamblea Constituyente, la pugna entre los movimientos sociales y la Administración Prefectural de Mario Cossio, se puso en el tapete de discusión, los vínculos del Poder Judicial tarijeño con el entorno del entonces Prefecto.
En esa coyuntura, uno de los líderes contestatarios al régimen departamental imperante, el Dr. Tamer Medina Hoyos, formuló una denuncia pública que luego se materializaría en un artículo denominado: "El decadente Poder Judicial".
Medina, luego de exponer los pormenores de un debate judicial reinante, señala al final de manera textual: "Solo este ejemplo, demuestra el rol de cipayo político del decadente poder judicial que de una forma u otra está vinculado y vive del poder político económico que defiende. ¿Pruebas?, en el caso de Tarija, la señora Miriam Vedia esposa del Presidente de la Corte Superior de Justicia, Freddy Martínez Ovando, entró a trabajar a la Prefectura del departamento en el cargo de Responsable del Saneamiento de Inmuebles. Pero eso no es todo, su hijo, Freddy Martínez Vedia, solo en el primer semestre del 2007 firmó dos contratos como consultor individual con la Prefectura por un monto total de 215 mil Bolivianos..."
PRESUNTO CONSORCIO PEÑARANDA-SORUCO
El ingeniero Helmut Coronado también le revela al asambleísta Bernardo Crispín, el accionar presuntamente delictivo de la asambleísta regional del Chaco Tarijeño, Uddy Laida Peñaranda Soruco, que según Coronado, comparte con su hermano el 6% que las empresas pagarían en la Sub Gobernación de Villamontes, para adjudicarse licitaciones públicas. Su hermano Omar Peñaranda Soruco, sería el Responsable del Proceso de Contratación (RPC).
De acuerdo a Coronado, mientras la mayoría de las empresas acudirían directamente a la Asamblea Regional para pagar su 6%, con Villamontes sucedería una excepción.
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| Asambleísta Udy Peñaranda |
A diferencia de Yacuiba y Caraparí, dos hermanos cada uno con un cargo estratégico en la Asamblea Regional y la Sub Gobernación de Villamontes, respectivamente, se encargarían de "cobrar" la comisión.
Coronado, el testigo de las presuntas irregularidades que sucederían al interior de la Asamblea Regional, cuenta que el hermano cobra el 6%, coima de la que entrega 1% a la Comisión Calificadora, 2% al Ejecutivo Seccional, 2% para sí mismo, el 0,5% a su hermana, y el 0,5% "no se sabe".
"Por ejemplo, doña Udy está emputada por el hecho de que, las empresas cuando vienen, ofrecen plata para sacar proyectos con el 6% máximo, de una obra, y quien negocia eso?, su hermano, y es plata que él recibe su 6%, y de ahí el se encarga de distribuir a la Comisión un 1%, le dará al Ejecutivo 2, el se quedará con 2, a su hermana le pasa un 0,5%, por eso que ella viene y pelea. A ella le importa los LPN que presentan los otros RPC, le vale, si quiere pide, no le importa, ella no pelea por esos...", relata el informante.
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| Omar Peñaranda |
Cuenta el testigo Coronado, que una empresa confirmó en la Asamblea, su pago global en Villamontes, al hermano de la asambleísta en cuestión, pues el hermano de la misma habría sido el Responsable Para Contrataciones (RPC) en la Sub Gobernación, quien les aseguraría que el pago "incluye la Asamblea". Es decir, no habría necesidad de efectuar otro pago a la entidad "fiscalizadora" con sede en la localidad de Caraparí.
Cuando se refiere al hermano de la Asambleísta, dice: "...el es RPC, entonces nosotros hemos hablado con los tipos de la empresa, cuando han venido, han dicho 'nosotros hemos pagado allá y ellos nos aseguran', han dicho directamente la plata, el monto con el que ellos ya quedan en Villamontes, eso ya incluye la Asamblea. Entonces por eso son los comentarios, ustedes han escuchado de las empresas 'nosotros ya hemos puesto para la Asamblea', pero el que queda ya con la plata es el hermano de doña Udy. Ahora a quién le daba ese 0,5% no se sabe".
UN PROYECTO EN VILLAMONTES
De acuerdo al relator de los irregulares hechos protagonizados por miembros de la Asamblea Regional del Gran Chaco, "Raúl con doña Udy" habrían arreglado la licitación de un proyecto a ejecutarse en Tigüipa, mismo que luego, al ser derivado a la Asamblea, habría sido aprobado "como si nada".
"Entonces eso habían hecho don Raúl con doña Udy a Villamontes. Había un proyecto que iba a salir, Tigüipa-Picuiba...ese ya lo han aprobado, si ha entrado a la Asamblea y lo han aprobado como si nada. Ese proyecto, yo he hablado con el técnico, me ha pasado los datos, teníamos todo ya", le cuenta Coronado a Crispín.
SUB GOBERNACIÓN DE YACUIBA IMPLICADA
Bajo el mismo "modus operandi", en Yacuiba, según el ingeniero Coronado, se acordó con "el rengo" (se sobre entiende, de la Sub Gobernación), echarle mano a un proyecto de 35 millones de Bolivianos. Con un tal "Tito" (se sobre entiende, de la Asamblea) habrían coordinado con la Sub Gobernación y recibieron el okey.
"Entonces, después hemos venido a Yacuiba, había un proyecto que iba a salir, de la Brecha 40, otros 35 millones también, entonces como era ripiado, las empresas eso es lo que quieren, no quieren mucho pavimento. Entonces esos proyectos, hemos quedado de venir y hablar con el rengo porque él era el que definía, y hemos venido con Tito, y el tipo nos ha dado el okey, ha dicho ya, elijan el proyecto y les vamos a dar, ha dicho", relató detalladamente el informante.
A MEDIAS CON LA UDY
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| Ejecutivo de Villamontes. |
Los pormenores de los indecorosos “negociados” entre miembros de la Asamblea y Sub Gobernaciones, no queda ahí. Sucede que la asesora de presidencia de la Asamblea, Lesly Alemán, misma que estaría envuelta en otro caso de 30 mil dólares con la Consultora MARGUT Supervisora del Estadio Provincial de Fútbol de Yacuiba, también se habría desplazado a Villamontes junto al varias veces nombrado "Tito" de la Asamblea (Tito Arancibia Coro – Oficial Mayor Técnico), para concertar con "el Chulupi" (sobrenombre del ejecutivo seccional de Villamontes, Rubén Vaca Salazar) la distribución del pago empresarial por la adjudicación de un proyecto.
Sigue relatando Helmut Coronado: "y los proyectos, la Lesly se iba a reunir con Chulupi y con Tito a Villamontes; y el Chulupi ha dicho que si, le iba a dar el proyecto pero que se partan con la Udy la mitad, y les han dado. Solamente que lo han licitado y ha quedado desierto porque nadie se ha presentado".
“EL QUE QUEDA CON LA PLATA ES EL HERMANO DE DOÑA UDDY?
La grabación de una conversación interna de la Asamblea Regional del Chaco tarijeño, revela otras irregularidades que tienen que ver con licitaciones y adjudicaciones "dirigidas" y "negociadas" antes de subir al SICOES para conocimiento público.
El ingeniero Coronado revela que quien queda con la "comisión" que las empresas pagarían para adjudicarse proyectos y supervisiones, es el Responsable de los Procesos de Contratación en la Sub Gobernación de Villamontes, mismo que además de repartir partes de esa "comisión", entrega también a su hermana un 0,5%, por ser esta asambleísta la que garantizaría en la Asamblea Regional, que todo salga bien.
Uno de los proyectos a los que hace referencia el informante, cuando desentraña los pormenores de estas presuntas irregularidades, es la "Construcción y Mejoramiento del Camino Tigüipa - Capirenda (Módulo I Tramo Tigüipa - Cruce Picuiba).
Por otra parte, la Resolución Regional G-3 Nº 300/2012, aprueba el contrato de Supervisión de la misma obra, el 15 de octubre de 2012, siendo contratada la Asociación Accidental IRVEM & ASOCIADOS, representada legalmente por Adolfo Irahola Chumacero con C.I. 4143821 TJ, por un monto de Bs. 1.260.000, también a ejecutarse en 300 días calendario.
En ambos casos, según las respectivas Resoluciones Regionales, "queda encargado del estricto y fiel cumplimiento, el Ejecutivo Seccional de Desarrollo de Villamontes, Ing. Rubén Walter Vaca Salazar, siendo esta autoridad ejecutiva el directo responsable por la suscripción del mencionado contrato".
MAS IRREGULARIDADES
El mismo informante, da cuenta que la asambleista tiene disconformidad por la distribución del 6%, y que su hermano "ya la conoce". Y señala como ejemplo, al proyecto de Las Carpas. ¿De qué se trata?
Hechas las averiguaciones, la Resolución Regional G-3 Nº 248/2012 del 3 de septiembre de 2012, aprobó el contrato con la EMPRESA DE SERVICIOS GMC SRL representada legalmente por Guillermo Raúl Salazar Gutierrez, para el Mejoramiento del Camino Capirenda - Galpones - Las Carpas, por un monto de Bs. 21.362.280,28 en un plazo de 310 días.
También, otra Resolución Regional G-3 Nº 245/2012 del 3 de septiembre de 2012, aprueba la firma de contrato para la Supervisión técnica "Mejoramiento Camino Capirenda - Galpones - Las Carpas" con la empresa Asociación Accidental "Consultores Asociados", representada legalmente por Adolfo Irahola Chumacero, por Bs. 1.100.000.- en un plazo de 450 días calendario.
DENUNCIA COIMA DEL 6%
Según las confidencias del ingeniero Coronado al asambleísta Crispín, mismas que están materializadas en un CD de audio presentado al Ministerio Público de Yacuiba para su investigación, las irregularidades en la Asamblea Regional del Gran Chaco, son muchas y diversas:
1. Las empresas aspirantes a ganar una licitación, pagarían una "comisión" del 6% del total a adjudicarse. Si bien la regla es que el pago se efectuaría a la Asamblea Regional, la excepción es que en Villamontes, la "comisión" se entregaría al RPC, o responsable de procesos de contratación de la Entidad contratante, es decir, la Sub Gobernación.
2. La distribución de 6 puntos porcentuales del monto adjudicado a la empresa que paga, corresponde a la Comisión Calificadora (1%), al Ejecutivo Seccional de Villamontes (2%), al RPC de Villamontes (2%), y a la Asambleísta que en la Asamblea Regional representa a Villamontes (0,5%). Un restante 0,5% tendría un destino desconocido. (Si llegara a la cabeza de la Sub Gobernación, ¿no tendría que llegarle también a la cabeza de la Asamblea?
3. Por lo menos en el caso villamontino, se respetaría las licitaciones de Caraparí y Yacuiba. Así habría quedado demostrado por la asambleísta mencionada, que como autoridad deliberante tendría la ventaja que ninguno de sus colegas tiene: un hermano trabajando en la Sub Gobernación de su misma jurisdicción (ambos de Villamontes), ocupando el cargo nada más y nada menos, de Responsable de procesos de contrataciones. Asambleísta Uddy Peñaranda y RPC de la Sub Gobernación de Villamontes, Omar Peñaranda, presuntamente implicados.
4. Aparentemente, según la denuncia, "don Raúl y doña Udy" se ocuparon de un proyecto en Tigüipa, que luego de ser "arreglado" con la Sub Gobernación de Villamontes, se desplazaron a la Asamblea Regional en Caraparí, para hacerlo aprobar "como si nada". Los asambleístas Raúl Mansilla y Uddy Peñaranda presuntamente implicados.
5. Otro caso denunciado, se refiere a un proyecto de la Brecha 40 por valor de 35 millones de Bolivianos que se habría concertado con "el rengo" de Yacuiba. El Secretario de Administración y Finanzas de la Sub Gobernación de Yacuiba, Edilberto Hilarión, presuntamente implicado.
6. Finalmente, otra picardía de "la Lesly", que se fue a Villamontes con "Tito" para acordar con "el Chulupi" la aprobación de un proyecto que luego tendrían que repartir a medias: mitad para "la Udy" y el resto a dividirse. Lesly Aleman (asesora de presidencia), Tito Arancibia (oficial mayor técnico) y Rubén Vaca (ejecutivo de Villamontes) presuntamente implicados.
LA PUNTA DEL OVILLO
Las frondosas acusaciones registradas en la grabación de la conversación sostenida entre el ingeniero Helmut Coronado y el asambleísta Bernardo Crispín Maragón, si bien son parte de las pruebas e indicios presentados al Ministerio Público, no guardan relación con la cantidad de investigación y diligencias que la Fiscalía ha realizado en Yacuiba.
El mismo asambleísta Crispín y otros dos ciudadanos, son los denunciantes en el caso que “duerme el sueño de los justos”. Inicialmente, por instrucción de la Fiscalía del Distrito de Tarija, se hizo cargo del caso la Dra. Eliana Noemi Tejerina Rocha. Sin embargo, recientemente, ha sido designada como Fiscal Anticorrupción de Yacuiba, la Dra. Maria Nancy Serrano Cuellar.
En una segunda parte de este silenciado caso, LARGA VISTA publicará las irregularidades atribuidas por el confidente ingeniero, a los asambleístas regionales que representan a Yacuiba, José Luis Martín García Vargas y Raúl Armando Mancilla Gallardo, anunciados ya como candidatos para los comicios de octubre.
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